La Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles señala que el uso eficiente y sostenible de los recursos debe basarse en una estructura compacta de los asentamientos. Esto puede lograrse mediante una buena planificación urbana y territorial, evitando así la expansión descontrolada de las ciudades (el fenómeno del urban sprawl) a través de un estricto control de la oferta de suelo y de los desarrollos especulativos. Además, el documento destaca la importancia de lograr una adecuada mezcla de usos en la trama urbana: "La estrategia de integrar los usos de vivienda, de empleo, de educación, de suministros y de recreo en los barrios ha resultado ser especialmente sostenible".

La nueva Ley de Suelo 8/2007 se halla inspirada por la misma voluntad de la Carta de Leipzig y enuncia, por primera vez en la legislación estatal, el principio del desarrollo territorial y urbano sostenible (art. 2). Para hacerlo efectivo, propone un modelo de ciudad compacta, respetuosa con el medio ambiente, y favorece el uso racional de los recursos naturales y la cohesión social. La Ley refuerza la transparencia y el control, propone medidas para evaluar la eficiencia económica y la calidad ambiental de nuestros desarrollos urbanísticos, así como otras contra la especulación con el suelo y una reserva mínima para vivienda protegida. En este sentido, se puede señalar que, en el marco de las competencias legislativas del Estado en esta materia, algunos de los aspectos contemplados en la Carta de Leipzig ya tienen fuerza de Ley en España.

Por su parte, el Marco Estratégico Nacional de Referencia de España para el periodo 2007-2013 contempla el “Desarrollo Local y Urbano” como prioridad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, destacando la incorporación en el Reglamento 1083/2006 de las prioridades comunitarias en materia de desarrollo sostenible según lo especificado en los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo “otorgando importancia al desarrollo urbano sostenible y la contribución de las ciudades al desarrollo regional, dándole mayor relieve en la programación, a fin de favorecer la regeneración urbana”. Asimismo, el nuevo instrumento prevé la creación, en el contexto de los municipios de mayor tamaño, de una iniciativa innovadora (“URBANA”) que cubrirá todo el territorio nacional y dará continuidad a la iniciativa comunitaria URBAN, promoviendo proyectos integrados de desarrollo sostenible urbano en ciudades españolas de más 50.000 habitantes y capitales de provincia. La coordinación entre todos los agentes que intervendrán en dichos proyectos tendrá como núcleo fundamental el desarrollo de la Red de Iniciativas Urbanas, integrada con carácter permanente por los órganos responsables de las políticas urbanas en la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, la FEMP, y representantes de Ayuntamientos con participación especialmente significada en la gestión de Fondos Comunitarios, y, la Comisión Europea.