Durante el periodo comprendido entre 1997 y 2002 se ha producido en el mercado inmobiliario español un proceso prolongadamente expansivo, que ha generado una fuerte subida en los precios de la vivienda, trasmitido inmediatamente al suelo y provocando un descenso importantísimo en la producción de viviendas protegidas. Los efectos no se han dejado esperar, un sobreendeudamiento de las familias españolas, y un número cada vez mayor de ciudadanos, sobre todo jóvenes para los que adquirir una vivienda se ha convertido en un objetivo inalcanzable. El conocer el volumen de los recursos públicos destinados hacía el sector de la vivienda es obligada referencia para valorar el esfuerzo realizado por las diferentes administraciones públicas en este mercado. Los recursos empleados se sitúan en torno al 1,2% del PIB, de los cuales, las dos terceras partes corresponde a gastos fiscales, y el tercio restante a gastos presupuestarios. Comparada con otros países europeos, España se emplaza en los niveles más bajos de gasto público destinado a vivienda. Los datos nos confirman que la política de vivienda se ha relajado en estos años, las dotaciones presupuestarias han ido disminuyendo de forma progresiva, lo que hace reflexionar sobre la necesidad de un papel más activo de la política de vivienda.

Las medidas de intervención que los poderes públicos han de adoptar para lograr un abaratamiento de la vivienda, no residen en la construcción masiva de viviendas, o una excesiva calificación de suelo urbanizable, sino en conocer de forma detallada las verdaderas necesidades de alojamiento de la población, sobre todo para los principales destinatarios de la política de vivienda, aquellos hogares con menores niveles de renta y especialmente para los jóvenes en edad de emancipación, que en los últimos años no están siendo atendidas.

El mayor peso que las ayudas fiscales tienen sobre la política de vivienda, de un 0,81% del PIB en el 2001, puede ser muy cuestionado, por sus efectos sobre la distribución y neutralidad de la carga impositiva, y sobre el denominado efecto capitalización de la deducción, que implica que los beneficios fiscales acaben repercutiendo sobre el promotor y no en el adquiriente.

Un adecuado mercado de viviendas en alquiler tendría efectos positivos en nuestra evolución demográfica al favorecer la emancipación de los jóvenes del hogar paterno y también facilitaría la movilidad de la fuerza laboral, con resultados directos sobre la competitividad de nuestra economía.

Con una adecuada política de rehabilitación se podrían poner en el mercado un importante número de viviendas actualmente desocupadas, disminuyendo la presión sobre las necesidades de suelo residencial, y al mismo tiempo favorecer la renovación de gran parte de los centros urbanos en proceso de declive. Alrededor de una tercera parte del total de viviendas en España corresponde a viviendas secundarias o están desocupadas, en lo que ha venido a denominarse el despilfarro inmobiliario español por muchos expertos del sector.

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01/08/2004

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María Teresa sánchez Martínez

Investigación

Políticas Urbanas > Vivienda

Política de vivienda