Estas sumas manifiestan, en una primera valoración, que un 6,44% de los 2.480.369 de castellanos y leoneses, que aparecen recogidos en la Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2002, son personas con discapacidad. Un porcentaje que reviste aún más importancia si se tiene en cuenta que en el conjunto de España los discapacitados representan el 4,26% de la población nacional y, por comunidades autónomas, únicamente, el Principado de Asturias (11,45%) y Extremadura (7,32%) presentan unas tasas en sus relaciones entre población con discapacidad y total de habitantes más elevadas que Castilla y León.

Los discapacitados representan un significativo grupo poblacional con serias dificultades de integración en la sociedad. Pese a los notables avances públicos, resulta evidente que la capacidad para dar respuesta a las necesidades de este colectivo es aún limitada. De ahí que la demanda no cubierta de servicios existente se convierta en un verdadero yacimiento potencial de generación de empleo en la región.

Se puede afirmar que los nuevos yacimientos de empleo ligados al logro de una mejor integración social y laboral de las personas con discapacidad tienen visos de poder llegar a paliar en algo las insuficiencias en el acceso al mercado laboral de Castilla y León. A partir de ellos es factible impulsar, como ocurre en el caso de los servicios a domicilio para las personas mayores o en todos los relacionados con el cuidado de la infancia y la conciliación de la vida familiar y laboral, la dinamización de la economía regional. Un impulso que, además, por la propia distribución de estos colectivos y de sus propias «necesidades», han de tener unos efectos positivos también desde el punto de vista espacial, configurándose como una dimensión más del tan proclamado desarrollo territorial.

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01/07/2005

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Luis Carlos Martínez Fernández

Investigación

Políticas Urbanas > Inclusión e integración social > Integración de grupos sociales

Personas discapacitadas