El número comienza con una exposición en la que Marcos VAQUER explica los presupuestos de los que parte el texto legal y los planteamientos y objetivos generales que adopta y establece.

Esta primera visión del sistema legal encuentra complemento en los análisis que, a continuación, llevan a cabo Emilio ONTIVEROS y Ángel BERGES, Jesús LEAL y José FARIÑA, desde las disciplinas económica, sociológica y territorial-urbanística.

Se despliegan, a continuación, los estudios jurídicos, económicos, de ciencia política y técnica de valoración, relativos a los aspectos centrales del sistema legal:

José María BAÑO abre esta secuencia por tratar la decisiva cuestión previa de la adecuación de dicho sistema al esquema de distribución territorial competencial y la doctrina sentada ya por el Tribunal Constitucional.

La contribución del propio coordinador de este número, Luciano PAREJO, está dedicada al núcleo de la vertiente básica del marco legal expuesto, explicándolo desde la imbricación del status del ciudadano y criterios de la acción pública urbanística en cuanto las dos caras de una misma garantía de las necesarias condiciones básicas cuya realización debe responder a los principios y reglas generales contenidas en el título preliminar del texto legal.

El análisis de la regulación del carácter básico se cierra con el trabajo de Agustín DE ASÍS sobre la función social de la propiedad y los importantes mecanismos al servicio de la gestión del suelo.

La regulación plena comprende instituciones jurídico-públicas y jurídico-privadas. Por lo que hace a las primeras, la contribución de Ángel MENÉNDEZ se ocupa de modo clarificador de la expropiación forzosa, dedicando especial atención a las ya complejas reglas sobre la reversión.

Y la pieza esencial que representa el régimen de valoraciones es objeto de dos estudios realizados, ambos, con la perspectiva histórica que ofrece la evolución normativa y práctica desde 1956 en este terreno: Gerardo Roger FERNÁNDEZ, para quien el texto legal da cumplimiento al mandato del artículo 47 de la Constitución y satisface amplias demandas sociales, y el de Josep ROCA, que alcanza la sugerente conclusión de que la Ley representa un cambio de paradigma, al iniciar un cambio de rumbo que debería conducir al reconocimiento de que el plusvalor urbano, resultante de la acción pública de planeamiento, es un producto público, social.

Y, por lo que respecta a las instituciones jurídico-privadas: la de José Ignacio NAVAS versa sobre el derecho de superficie, y destaca las mejoras que se introducen en su regulación, ahora ya completa, justamente para conseguir que se convierta en herramienta efectiva y útil, mientras que la de Fernando P. MÉNDEZ GONZÁLEZ precisa los términos de la intervención del Registro de la Propiedad en la materia, que el legislador estatal no sólo confirma, sino potencia.

Complementan todas las anteriores aportaciones estrictamente jurídicas y técnicas y cierran el número desde la misma perspectiva general de las que lo abren dos estudios:

Julio RODRÍGUEZ LÓPEZ destaca que la Ley supone un cambio sustancial en la orientación de la política de suelo e intenta racionalizar el proceso urbanizador, con una mayor participación de la comunidad en las plusvalías derivadas de los desarrollos urbanísticos.

Y el profesor Manuel VILLORIA, sobre la base del análisis del por qué de la Ley, abunda en la triple opción del legislador por la transparencia, la participación y el control del poder público en la materia.

01/10/2007

01/10/2007

Luciano Parejo Alfonso (coord.)

Investigación

Políticas Urbanas

Medio ambiente urbano